Los escolares deberán reparar o pagar los daños que causen.
M. D., VALENCIA El documento, que por primera vez incluye a padres y profesores, potencia la autoridad del colectivo docente —puede adoptar medidas correctoras sin necesidad de pasar por el equipo directivo— y su labor formativa porque «merecen reconocimiento y valoración» señala el texto. La finalidad del decreto es «establecer, delimitar y garantizar el ejercicio de tales derechos y la asunción de las responsabilidades atendiendo al objetivo principal de fomentar una convivencia adecuada en los centros educativos y la prevención y adecuado tratamiento de los conflictos, promoviendo la agilización de los procedimientos».
Hasta tal punto que contempla que los alumnos que, individual o colectivamente, causen daños a las instalaciones, equipamiento informático, incluido el software, o cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la comunidad educativa «quedarán obligado a reparar el daño o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento ».
En caso de sustracción de bienes, deberán restituirlos. Como ya adelantó el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, se preven unidades específicas y aulas de convivencia. Las unidades específicas estarán constituidas para atender, de forma integral, a los alumnos «con trastornos graves de personalidad y conducta» que recibirán una atención especializada. Las aulas de convivencia estarán dentro de los mismo centros educativos y servirán para el tratamiento puntual e individualizado del estudiante.
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